El día de hoy, después de mucho meditar sobre temas para analizar las situaciones que ocurren en Colombia, y de la misma manera, que resulten interesantes para los lectores de este medio digital, creo que es necesario, sin pretensiones y con la intención de satisfacer a una mente curiosa, abordar el tema del Fiscal para Petro, así podría nombrarse, ya que nuestro actual presidente siente una urgencia absoluta por que se nombre un fiscal entre sus allegados. ¿A qué se deberá esa necesidad imperiosa de presionar a la Corte Suprema de Justicia para una tarea tan complicada y al mismo tiempo tan importante?
Para aquellas personas menos familiarizadas con el tema, el Fiscal de la República es el encargado de liderar la acción penal y, por ende, tiene en sus manos muchas de las decisiones más importantes del país. Este funcionario se elige a partir de una terna enviada por el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia, entidad encargada de designar al Fiscal. Para muchos, este es el segundo cargo más importante del país, dado que muchos casos relevantes pasan por sus manos y además, tiene control sobre un órgano con presencia nacional. Por eso, se genera una lucha de poder cada vez que se debe elegir uno.
Desde hace unos meses, el presidente actual y sus allegados están presionando para la elección del fiscal, citando incluso a figuras tan importantes como el exsenador Gustavo Bolívar, quien expresó: "No entiendo por qué todo un país tiene que marchar para rogarle a la Corte Suprema de Justicia que elija fiscal". Esto evidencia un discurso de persecución que aún persiste, aunque ahora los roles de poder estén invertidos. Es importante señalar que, en lugar de rogar a la Corte Suprema de Justicia que nombre un fiscal, deberían apoyar la institucionalidad para que esta entidad pueda llevar a cabo su tarea con todas las garantías posibles.
Por otro lado, el maniqueísmo es perjudicial a la hora de tomar decisiones. La falta de tacto y la imprudencia que ha caracterizado al Gobierno, al presentar una terna siete meses antes de que el fiscal general Francisco Barbosa dejara su cargo, en comparación con las otras cinco ternas que se presentaron faltando solo un mes, sugiere una maniobra para presionar la decisión y, al mismo tiempo, obstaculizar las acciones del fiscal saliente. Además, no es deseable que cuando el hijo del presidente fue capturado, el señor Nicolás Petro, se haya tomado esta decisión.
Esta situación envía una señal negativa a la Corte y no es sorprendente el malestar de los magistrados del alto tribunal. Con la presión de los seguidores organizados del presidente y la intervención de organismos internacionales, se demuestra que el único discurso que el presidente maneja es el de perseguido o el de víctima. El presidente, aparentemente conciliador, no ha pasado por la Corte, lo que ha aumentado el malestar de los magistrados y ha profundizado la brecha entre las ramas del poder.
Este tema siempre ha sido tratado con mucho recelo por el alto tribunal, con cuidado y precisión. Ha habido siempre varias votaciones antes de la elección del fiscal, dado que es un cargo de suma importancia para el Estado colombiano. Es relevante recordar que el fiscal es el encargado de llevar a cabo la acción penal, es decir, investigar los delitos en Colombia. Dirige el órgano investigativo y tiene en sus manos varias de las decisiones más importantes del país, las cuales tendrán repercusiones políticas en los próximos años.
Resulta sorprendente que el presidente aspire a que el fiscal sea elegido en un período tan corto, ya que, para obtener los 16 votos necesarios, ha habido periodos de hasta un año para la elección. La situación no mejora, ya que la interinidad puede prorrogarse indefinidamente. En cuanto a la terna elegida por el presidente, nadie duda de la profesionalidad y el perfil de los candidatos, pero la particularidad es que ninguno de ellos cuenta con el respaldo del presidente. Los tres tienen experiencia en derecho penal, lo que hace que la elección de la terna sea más difícil para obtener los 16 votos necesarios.
En conclusión, tras este análisis, podemos afirmar que la presentación tardía de la terna y la demora que implica lograr consensos a la hora de votar hacen que la interinidad sea un factor común en todas las elecciones del fiscal. El período más largo, aplaudido por defensores de derechos humanos y por aquellos que hoy exigen a la Corte una elección rápida, fue de 16 meses para elegir a Morales. Además, se observa que el gobierno actual es incapaz de tender puentes, lo que se vuelve cada vez más evidente en el Senado y en otras instituciones, donde adopta un tono más autoritario.
Es imprescindible mencionar la injerencia de los organismos internacionales en la toma de decisiones. Si bien la Corte ha demostrado transparencia en el proceso, en contraposición a las declaraciones de varios organismos internacionales que legitiman el discurso peligroso del presidente, resulta que la Corte Suprema de Justicia se ve como el malo solo por cumplir con su deber constitucional. La soberanía nacional no puede estar supeditada a los dictámenes de organismos o instituciones internacionales, ya que estos no conocen las dinámicas internas y tomar decisiones solo desde una perspectiva distante no parece lo más adecuado.
Para concluir, es importante observar que las presiones políticas siempre han existido, pero nunca al extremo de tratar de sitiar el palacio de justicia. El gobierno está perdiendo cada vez más la mesura, alejándose de la opinión realista de la gente y creando solo comités de aplausos. Es importante recordar que el presidente no es solo de 25 millones de colombianos, sino de los 50 millones, y representa la institucionalidad de un país. Las leyes nos aplican a todos, y los gobiernos alternativos pueden ser tan alternativos como deseen, pero esa alternatividad no debe convertirse en autoritarismo, amenazando la justicia del país y violando su soberanía con propuestas conflictivas. La justicia debe estar alejada de los debates políticos, respaldada e incluso considerada con cierta sacralidad.
Conclusión
El proceso de elección del Fiscal en Colombia se ve afectado por presiones políticas y agendas particulares, evidenciando la necesidad de mantener la independencia y la imparcialidad de las instituciones judiciales. La presentación tardía de ternas y la búsqueda de consensos prolongados han generado interinidades prolongadas, lo que subraya la importancia de un proceso transparente y cuidadoso. La injerencia de organismos internacionales, aunque bienintencionada, puede socavar la soberanía nacional y la legitimidad de las decisiones judiciales. Es esencial recordar que la justicia debe estar por encima de los intereses políticos y ser respetada como un pilar fundamental de la democracia.
Columa de Opinión
Jorge Luis Téllez Báez
Abogado Especialista en Derecho administrativo
Profesional en Gobierno y relaciones internacionales
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