Hoy cuando el Consejo Nacional Electoral, ha decidido: “ABRIR INVESTIGACIÓN y FORMULAR CARGOS a la campaña presidencial de PRIMERA y SEGUNDA vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, representada por los ciudadanos GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, candidato; RICARDO ROA BARRAGÁN, gerente de campaña; LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO tesorera, MARIA LUCY SOTO CARO y JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ, auditores; al MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA y al PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales.” Los esbirros del Guerrillero han mostrado su total preocupación y como siempre, han salido a los diferentes medios de comunicación a amenazar a los colombianos.
De esta forma, nos amenazan con sacar a sus bandidos de las primeras líneas, a las calles, lo que conlleva por demás, la intención de saquear, quemar, destruir y hurtar todo tipo de bienes de los colombianos; de obstaculizar vías públicas, paralizar el país y cometer todo tipo de vejámenes en contra de la población, ya sea, asesinando, lesionando, secuestrando, torturando, agrediendo, desapareciendo e intimidando a los miembros de nuestra fuerza pública y a todos los ciudadanos que no aceptamos la forma fraudulenta e ilegal como llego al poder, y menos aún, la manera como gobierna.
Donde además de permitir a los grupos narcoterroristas de las guerrillas aumentar su pie de fuerza, apoderarse de una gran parte del país, comercializar sustancias narcóticas, atacar, secuestrar, instrumentalizar y asesinar a nuestra población incluidos los miembros de la fuerza pública, así como apoderarse de gran parte de los dineros de nuestros impuestos en corrupción, también nos está llevando a la ruina, puesto que, además de aumentar los impuestos y el costo de los combustibles, la mayoría de empresas sólidas, hoy tienden a desaparecer, como es el caso de Ecopetrol, Colmotores (entre otros).
Las amenazas del guerrillero nos permiten colegir sin mayor esfuerzo, que tienen miedo, pues saben, que de no transar, enmermelar o corromper al Consejo Nacional Electoral, como al parecer lo han hecho con algunos congresistas para que les aprobaran normas a su favor, pronto les proferirán una sentencia, en la que se relacionaran las verdades que todos los colombianos hemos conocidos a través de los medios de comunicación y las diferentes intervenciones de quienes apoyaron su corrupta e ilegal campaña política.
En este orden, pretenden con sus amenazas, amedrentar al pueblo colombiano y de esta manera, perpetuarse en el poder, como lo hacen los dictadores de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Rusia, quienes no permiten elecciones transparentes, puesto que tienen claro, que su propio pueblo les detesta.
Para los Colombianos es claro que el guerrillero y sus esbirros, pretenden perpetuarse en el poder, y en ese sentido además de pagar a los delincuentes para que “no nos maten” les ha otorgado los espacios que requieren para que se fortalezcan, maniatando las manos de nuestra fuerza pública.
Como ocurrió con la Resolución proferida por su Fiscal de bolsillo, quien extralimitándose en sus funciones y atribuciones, empezó a prepararles el camino para que los hampones de “la primera línea” las cuales como bien lo mencionaron en una sentencia judicial, hacen parte de los grupos narcoguerrilleros de Colombia, bajo le sofisma de la “protesta social” puedan destruir, asesinar, amenazar, tratando de someter a los colombianos; en ese entendido, sin que sean procesados.
De igual forma hizo Petro el Guerrillero, ya que mediante Decreto 1231 de 2024 donde limito aún más, el actuar de las autoridades policiales; en ese sentido, es necesario recordar, a la fuerza pública, que como autoridades de la República, tienen la obligación de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”[1]
Así mismo, es procedente recordar a los colombianos que el inciso segundo del articulo 216 de la Constitución, nos indica que: “Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas…” y en consecuencia, debemos prepararnos para defendernos de los delitos y demás abusos que estos delincuentes pretendan cometer en conta del pueblo colombiano.
[1] Articulo 2 de la Constitución Política de Colombia
Columna de opinión
ORLANDO BASTO TRIANA
Capitán de la Reserva de la Fuerza pública
Abogado especializado
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