Hoy el petrismo inicia con sus actos dictatoriales, pues no acepta que las demás ramas del poder público contradigan sus decisiones y para neutralizarlas, ha invitado a sus seguidores, los cuales en su mayoría están integrado por comunidades indígenas, FECODE, juntas de acción comunal, así como otras personas que como ya se ha manifestado en protestas anteriores, vienen por el pago de un salario o un plato de comida.
Aunado a esto, es necesario recordar que quienes apoyan a Petro han sido beneficiados económicamente por su gobierno, como bien lo recordó en un trino el honorable concejal Daniel Briceño, en su cuenta de X, donde nos recordó que los indígenas de las comunidades han recibido más de trescientos diez mil millones de pesos; los funcionarios de FECODE les otorgo un aumento de sus salarios con una prima del 35%; a las juntas de acción comunal, más de setecientos cuatro mil millones de pesos; y a los influenciadores que salen en redes sociales apoyando a Petro, les han pagado más de dos mil trescientos millones de pesos.
Mas visible se hacen las actuaciones dictatoriales de Petro, si tenemos en cuenta sus actuaciones frente a la Rama Judicial, ya que además de criticar las decisiones judiciales que se profieren en contra de su gobierno, como ocurrió en días anteriores con la tutela en la que se ordenó el desembolsar el dinero para cubrir las deudas de la salud de los colombianos; o la medida cautelar en la que un juez de la Republica congelo algunas cuentas del estado por no pagar las deudas de los subsidios de energía en varios departamentos afectando con eso a los estratos menos favorecidos, en donde ha salido a los medios de comunicación mostrando su resistencia ante las decisiones judiciales, lo cual demuestra su resistencia ante el estado social de derecho que rige para todos los colombianos.
Lo anterior atenta claramente contra las bases fundamentales de la democracia colombiana, puesto que con sus actos de rebeldía, su invitación a las marchas, su negativa a aceptar las decisiones que profieren en el congreso y su intención de pretender imponer mediante decretos las reformas que propone, afecta, anula y usurpa las funciones del Congreso de la Republica; de igual forma, al no aceptar las decisiones proferidas en las sentencias de la Rama Judicial del Poder Público, destruye por completo el estado de derecho al que estamos sometidos todos los colombianos, incluido el presidente de la República, sin importar quien ocupe esa dignidad.
Columna de opinión
ORLANDO BASTO TRIANA
Capitán de la Reserva de la Fuerza pública
Abogado especializado
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