El Lavado de Activos es una de las actividades criminales mas lucrativas en el mundo, y nuestro país no es un aparte para este tema. La lucha contra este fenómeno es indispensable para lograr una estabilidad económica y social en los paises; el lavado de activos se ha convertido en un problema significativo, y su conexión con el conflicto armado ha exacerbado graves consecuencias.
Para nadie es un secreto que Colombia se encuentra inmersa en un conflicto armado que involucra a múltiples actores al margen de la ley. Este conflicto ha causado un alto número de víctimas, desplazamientos forzados y una compleja red de violencia que ha afectado profundamente a nuestra sociedad, pero no solo en este aspecto. La política de nuestro país se caracteriza por ser un canal de enriquecimiento y beneficio individual, mas no colectivo. La consecuencia de eso es claramente una gestion inadecuada en políticas públicas e intervenciones del estado mismo frente a las decisiones a tomar en la resolución y negociación del conflicto armado en Colombia. A pesar de los esfuerzos realizados por lograr un acuerdo de paz en 2016 con las FARC, persiste la existencia de grupos armados ilegales, lo cual contempla otros desafíos relacionados con la seguridad en el territorio nacional.
Teniendo claro esto, resulta necesario definir muy resumidamente el concepto del Lavado de Activos como: Un proceso mediante el cual el dinero o los bienes obtenidos ilegalmente se introducen en la economía legal para dar la apariencia de legitimidad. El Dr. Moises Sabogal Quintero lo define como: “Conjunto de operaciones, transacciones, formas o procedimientos realizados por una o mas personas naturales o jurídicas, tedientes a ocultar o disfrazar el origen ilicito de bienes o recursos que pueden tener proveniencia en actividades delictivas o de incrementos patrimoniales no justificados.” O como lo define Blanco Cordero: “El delito de blanqueo de capitales”. Definiciones que se ajustan plenamente como un fenómeno crucial para financiar y mantener el conflicto armado, ademas de ello; Los grupos armados ilegales han encontrado en el lavado de activos una fuente de financiamiento que les permite comprar armas, reclutar miembros y perpetuar su presencia en regiones estratégicas del país.
Cabe anotar que la corrupción de nuestros mandatarios hace que el fenómeno del Lavado de Activos sea introducido facilmente en las entidades de nuestro país. Todo esto nos demuestra que es necesario llevar a cabo una buena regulación.
La regulación del lavado de activos se encuentra establecida en la Ley 1762 de 2015 (Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”.), también conocida como la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Esta ley establece las obligaciones y responsabilidades de diferentes actores del sector financiero y no financiero, incluyendo entidades financieras, empresas de seguros, casinos, fiduciarias, cooperativas financieras, comerciantes de metales y piedras preciosas, etc. Adicionalmente destacando la importancia de la Ley 190 de 1995 (Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la administración públuica y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.) y la Ley 1708 de 2014 (Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio).
Algunas de las medidas establecidas en la ley para prevenir y controlar el lavado de activos son:
• La obligación de establecer políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo.
• La identificación y verificación de la identidad de los clientes y beneficiarios de los servicios financieros, y la evaluación de los riesgos de lavado de activos en las operaciones.
• La obligación de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo.
• La creación de un comité de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en cada entidad sujeta a la ley, el cual será responsable de la implementación de las medidas establecidas en la ley.
• La imposición de sanciones administrativas y penales a quienes incumplan las obligaciones establecidas en la ley (incluyendo las penas privativas de libertad, las multas y la extinción de dominio).
En Colombia, existen diversas entidades como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades.
Además de las medidas que buscan atacar este delito, pero aún tenemos mucho trabajo por realizar.
Columna de Opinión
Khalid Velasco
Analista Jurídico
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