El personal de la Fuerza Pública, las reservas y sus familias, rechazan tajantemente, el actuar abusivo del gobierno Petro, quien de manera ofensiva e irrespetuosa, ha ordenado, que los reinsertados de las narcoguerrillas de Colombia, reciban atención medica en el Hospital Militar; este pronunciamiento ha sido calificado de provocador, ya que si bien estas personas merecen una atención medica acorde a su dignidad, también lo es, que al permitirles el ingreso a tan prestigiosa institución, generan un alto riesgo para la vida e integridad de las personas que allí laboran o que reciben atención medica en ese lugar.
El riesgo en referencia, resulta más evidente, si se tiene en cuenta que, pese a que muchos de los narcoguerrilleros de las FARC firmaron un acuerdo con el gobierno, dicho acuerdo ha sido considerado fraudulento, debido a que en el referéndum propuesto para su aprobación, el pueblo colombiano fue enfático en desaprobarlo y pese a que el presidente de turno utilizo otros mecanismo falaces, para su aprobación, no tuvo la prevención de generar los mecanismos necesarios para vigilar y controlar a esta población, lo que ha conllevado a que algunos de ellos finjan aceptar el acuerdo mientras obtienen sus beneficios, pero en el momento en que ven la oportunidad, regresan a las filas de las narcoguerrillas y continúan con su actividad delincuencial.
En consecuencia, al permitir el ingreso de los “guerrilleros reinsertados” a las instalaciones del Hospital Militar u a otras dependencias de sanidad ubicadas dentro de los comandos de las fuerzas militares, se genera un riesgo eminente para el personal de la fuerza pública, las reservas y sus familias, ya que estos sujetos pueden hacer inteligencia, reconocimientos de las instalaciones y demás verificaciones de las instalaciones durante sus visitas, la cual utilizaran en los eventos en que renuncien al fraudulento proceso de paz y se reintegren a su actividad criminal.
Es por lo anterior, que, el personal de la reserva, sus familias, el personal uniformado de la fuerza pública, no aceptamos, ni estamos dispuestos a recibir dentro de las instalaciones de la fuerza pública, al personal reinsertado de las narcoguerrillas de Colombia, menos aún, si tenemos en cuenta que en Colombia existen varias Empresas Promotoras de Salud, donde pueden enviar a los reinsertados, donde además podrían sentirse más cómodos, debido a la afinidad que tiene para con ellos, como lo es, el sistema de seguridad especial que atiende a los docentes del país.
En ese sentido, es claro que la oposición de la fuerza pública, las reservas, los veteranos y sus familias ante la decisión del gobierno, se fundamenta en el riesgo que se genera para la seguridad, la vida e integridad de las personas que utilizan los servicios médicos o prestan sus servicios en dicha institución.
Columna de Opinión
ORLANDO BASTO TRIANA
Abogado Especializado
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