Colombia atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, marcado por el deterioro institucional, la inseguridad creciente y una economía que despierta desconfianza en el escenario internacional. El espectáculo en el Congreso para nombrar al nuevo magistrado de la Corte Constitucional confirma que el petrismo no solo gobierna, sino que se apodera de las instituciones clave del país, usando a sus áulicos congresistas como piezas de un ajedrez perverso.
El proceso para elegir al magistrado no fue más que un show vergonzoso, donde se negociaron intereses políticos en detrimento del bienestar colectivo. Los congresistas, elegidos para representar al pueblo, han traicionado esa confianza, entregando sus votos a cambio de prebendas burocráticas y beneficios personales que no se reflejan en mejoras para sus regiones. El resultado es una Corte Constitucional que pierde independencia y se convierte en un brazo más del gobierno, poniendo en peligro los contrapesos democráticos necesarios en cualquier Estado de derecho.
Mientras tanto, el panorama nacional no es menos desalentador. En materia de seguridad, el liderazgo en las Fuerzas Militares se encuentra en su nivel más bajo. Los oficiales, desmotivados por las decisiones del gobierno, ven cómo se premia a terroristas con la etiqueta de "gestores de paz", mientras ellos continúan arriesgando sus vidas en un campo de batalla sin apoyo político, y con el fantasma del llamamiento a calificar servicios encima del morral. Esta política de "paz total", lejos de desmovilizar a los grupos armados, ha generado una fragmentación que atomiza el terrorismo, complicando aún más la posibilidad de alcanzar la tan anhelada estabilidad.
La economía, por su parte, se desmorona bajo el peso de las políticas erráticas del gobierno. Colombia se ahoga en cultivos de coca, mientras la producción industrial cae y el comercio exterior pierde competitividad. Las advertencias de JP Morgan sobre el aumento del riesgo país no son meras especulaciones, sino un reflejo del retroceso económico que enfrentamos. La desconfianza internacional es evidente, y las inversiones, necesarias para impulsar el desarrollo, se alejan cada vez más.
En educación y salud, los avances son inexistentes. El sistema educativo sigue sufriendo por falta de recursos, mientras el gobierno centra su atención en agendas populistas que no resuelven las necesidades reales de los estudiantes y profesores. En salud, el país sigue esperando una reforma que garantice acceso y calidad, pero lo que se ha presentado hasta ahora son proyectos mal estructurados que amenazan con destruir lo poco que funciona, sin dejar de mencionar la deshumanización de la salud, este gobierno está dejando morir a colombianos con enfermedades huérfanas a los que no les compra los medicamentos que se requieren para sus tratamientos.
El llamado "gobierno del cambio" también ha fallado en dinamizar la industria y proteger el comercio exterior, ha peleado con todo el mundo por sesgos ideológicos como lo hizo con el estado de Israel, mientras que a cuna y a Venezuela los tiene en ligar privilegiado. Las empresas enfrentan un entorno hostil, con regulaciones que asfixian su crecimiento y una falta de apoyo estatal que limita su capacidad para competir en mercados globales. ¿En lugar de fomentar el desarrollo empresarial, el gobierno parece empeñado en imponer barreras que afectan a pequeños y grandes empresarios por igual, es acaso eso lo que quiere?
En este panorama desolador, los congresistas tienen una responsabilidad enorme. Sin embargo, han elegido convertirse en cómplices descarados de un gobierno que usa la política como herramienta de cooptación. Las regiones, que deberían ser el motor del desarrollo nacional, han sido abandonadas. Los recursos no llegan, los proyectos quedan en el papel y las comunidades continúan en el olvido, ya no se escucha el clamor por los niños de la guajira y el choco, claro si la plata se la han robado toda.
Es innegable que el mal llamado "gobierno del cambio" ha quedado reducido a un cúmulo de salidas en falso. Cada decisión parece diseñada para profundizar las crisis en lugar de resolverlas. Colombia necesita líderes que prioricen el bienestar de los ciudadanos sobre las prebendas políticas. El país está en un momento crítico, y si no se corrige el rumbo, el costo para las próximas generaciones será incalculable.
El Congreso debería ser un espacio de debate y construcción, no un escenario para el show de quienes han hecho de la política un medio para su enriquecimiento personal. Hoy, más que nunca, es necesario recordar que el poder no es eterno y que el pueblo tiene la capacidad de exigir cuentas. Porque si el diablo se ha vestido de senador, es solo porque los ciudadanos se lo hemos permitido.
Columna de Opinión
Silverio Jose Herrera Caraballo
Abogado, comunicador, asesor, consultor, analista e investigador en seguridad, convivencia ciudadana y orden público.
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